Desde la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio (CCDT) se ha denunciado que el plan de choque del Gobierno contra el urbanismo salvaje resulta poco creible en función de actuaciones recientes del Ministerio y por otro que sería netamente insuficiente para frenar significativamente el urbanismo salvaje, ya que no se atacan las causas principales ni se aportan las soluciones necesarias.

Este Plan de actuación anunciado por el Gobierno junto a un pacto de Estado para frenar el urbanismo salvaje, que consistirá en la demolición de edificios, la finalización de los deslindes de costas y la compra de terrenos, con un presupuesto de 5.000 millones de euros.

Los ecologistas señalan que por un lado hay que destacar que solo teniendo en cuenta las promociones ya comprometidas en la actualidad se triplicará el número de viviendas en la costa, con un numero de viviendas previstas de cerca de 20 millones, según se ha publicado recientemente en diferentes medios. Si a esto se añaden los desarrollos pendientes de tramitación en la actualidad, podría superarse la inaudita cifra de 40 millones de viviendas nuevas, que triplicarían todas las existentes en España en la actualidad.

Frente a semejantes cifras las actuaciones propuestas por el Gobierno, señalan los ecologistas, hoy son insignificantes y van a afectar poco al contingente grueso de promociones en curso o pendientes de tramitación.

Por ello lo primero que ha de exigirse al Gobierno es un Pacto de Estado con autonomías y ayuntamientos que pase en primer lugar por moratorias y recortes drásticos en la recalificación de suelo y en todas las fases de planificación, y por la elaboración inmediata de instrumentos rigurosos de ordenación territorial, que deben destinarse al crecimiento «hacia adentro» y a dotar los núcleos existentes de infraestructuras más adecuadas y sostenibles (saneamiento, evitar el transporte motorizado individual, moderar el consumo de agua, etc.).

Tampoco resulta creible la toma de iniciativa drástica en materia de urbanismo sin plantearse una alternativa económica y laboral para España, especialmente teniendo en cuenta que el ejecutivo no deja de hablar de la construcción como fuente de riqueza.

Por otro lado son necesarias reformas legales y del sistema judicial y administrativo que impidan la especulación y agilicen los procesos de denuncia y sanción.

El caso del Algarrobico:
La actuación del Ministerio resulta poco creible a la luz de recientes intervenciones, como en el caso del hotel del Algarrobico, paralizado en los tribunales por un recurso interpuesto por la asociación Salvemos Mojácar, y del que ahora el Ministerio pretende expropiar solo la mitad del edificio, la que está en la servidumbre de protección marítimo terrestre que marca el deslinde de costas, mientras que pretende dejar indemne la otra mitad, igualmente ilegal, que se ubica en zona protegida del Parque Natural Cabo de Gata Níjar y en hábitat Prioritario.

Si este es el «buque insignia» y el ejemplo de las actuaciones ministeriales, desde esta organización consideramos que se trata de farsas y de mascaradas electoralistas intolerables.

Si el Ejecutivo quiere marcar diferencias con la retórica execrable del desarrollismo y la ignorancia medioambiental del PP, deben hacerlo con acciones y no solo con discursos y pasos en falso.

Desde esta macro organización exigen al Gobierno una toma de responsabilidad definitiva en este problema, el más grave del País por sus múltiples ramificaciones, entre las que se encuentran las problemáticas medioambientales del cambio climático y las sociales de la vivienda. El territorio es un recurso limitado y el daño que se está causando, mientras el Gobierno lanza sus insuficientes planes, es irreversible.

La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio es una Federación Estatal integrada por más de 600 colectivos de todo el Estado Español.