Desde el Grupo Ecologista Cóndor se quiere aprovechar la situación de las denuncias de una gran cantidad de viviendas ilegales en el municipio almeriense de Carboneras para solicitar a la Junta de Andalucía que retiren las competencias de urbanismo a los Ayuntamientos ante la grave situación a la que nos están llevando por incompetentes, irresponsables e incluso por corrupción.
Se están destapando muchas irregularidades en Carboneras a raiz de que se denunciara la construcción ilegal de Marcos Ballesteros, alto dirigente del P.P. de Carboneras, vivienda totalmente ilegal por donde se mire. Pero no le calló muy bien a este político que se le denunciara con todo lo que tenía alrededor y que el Ayuntamiento de Carboneras le venía haciendo la vista gorda, o sea que el Ayuntamiento de Carboneras también le había hecho la vista gorda al gran chalet de Marcos Ballesteros, pero desde la Junta de Andalucía sí que se le detecta y se le denuncia, y cabreado él va y lía el follón, y comienza a denunciar viviendas que, como la suya, habían “colado”. Y para más inri ahora va el P.P. y pide que se legalicen todas las viviendas ilegales, pasándose por el forro a las Leyes, la Constitución, el Estado de Derecho y todo lo que sea para salvar la casa de su político. Es muy raro que desde el P.P. se denuncien viviendas ilegales justo desde que se ha expedientado a su dirigente. O sea, la situación de Carboneras es demencial por los cuatro costados, el político que no es sinvergüenza o corrupto hace méritos para serlo. Solo queda que los vecinos y vecinas de este Término Municipal abran los ojos y peguen un corte ya en las próximas elecciones a tanta incompetencia, irresponsabilidad, sinvergonzonería y, sospechamos, que hasta corrupción, pues la democracia está en el pueblo. Pues vemos que el pan para hoy y hambre para mañana no parece preocupar a los alegres y confiados electores que reeligen a los que bajo el lema «pon el ladrillo y corre» ofrecen maravillas inmediatas y desastres para el futuro.
Ante todo esto, desde el Grupo Ecologista Cóndor se anima a la Consejería de Medio Ambiente a que siga “descubriendo” viviendas ilegales en el Parque Natural y que no se dejen amedrentar por los politicuchos que lo están pretendiendo, aunque dé hasta vergüenza citarlos, porque son, precisamente, otra opción política, opción que como tenga más poder nos vamos a enterar, remarcan los ecologistas. Además desde este Grupo Ecologista se señala que van a ser garantes de que se cumple la legalidad caiga quien caiga y sea del partido que sea, pues, señalan, que lo que verdaderamente sobra en nuestra política son los políticos corruptos, del color que sean.
Este escenario es un anticipo de lo que se nos está viniendo encima en el resto de la Provincia, en el resto de Andalucía y en el resto del país si no controlamos la desenfrenada planificación urbanística, en las costas y también en los aledaños de las grandes urbes. Las futuras generaciones no se merecen esta herencia. La tierra que nos han legado nuestros antecesores no es nuestra, pertenece a los que nos sucedan.
El derecho de propiedad no es ilimitado. El uso arrogante, insolidario y brutal de este derecho es contrario al orden constitucional que destaca su función social, por encima de los intereses especulativos. Ha llegado el momento de que el Estado de Derecho se tome en serio el problema y ataje las consecuencias catastróficas que conllevan políticas urbanísticas impulsadas por la mera especulación y reparto de beneficios. No es fácil explicar a los ciudadanos por qué las leyes no se cumplen y por qué el sistema judicial no responde. Hemos sido capaces de generar variadas leyes del agua y del suelo, estéticamente perfectas, pero ineficaces. Se ha integrado su regulación en el conjunto que forman los espacios en los que las personas tienen necesariamente que desarrollar sus actividades vitales en condiciones que les permitan sentirse, al mismo tiempo, ciudadanos y seres humanos. Se puede afirmar, sin exageración alguna, que estamos fracasando estrepitosamente en la salvaguarda del desarrollo sostenible.
La apacible temperatura de nuestras costas mediterráneas es propicia para las personas que han terminado su vida laboral y disfrutan de posibilidades económicas fijen su residencia de forma estable, sobre todo durante los rigores del invierno europeo. Somos, por gracia de la naturaleza y de nuestras coordenadas geográficas, un lugar privilegiado para el descanso y también para desarrollos alternativos.
Este presente y un prometedor futuro no pueden quedar en manos de especuladores legitimados bajo la cobertura legal de «agentes urbanísticos», en complicidad con los políticos locales, que utilizan una ley, que no resiste al más mínimo análisis racional, para actuar como auténticos cuatreros, chantajeando a ciudadanos españoles y europeos que habían diseñado de forma armónica, en la mayoría de los casos, su lugar de descanso.
Una nueva especie de depredadores, con el consentimiento y el empuje de los responsables de algunos municipios y, por qué no admitirlo, de irracionales conciudadanos, ha iniciado una operación devastadora que sólo tiene como objetivo el dinero fácil y rápido que se reparte desigualmente entre entidades públicas y sociedades privadas.
Con arrogancia infinita y prepotencia, legalmente avalada, presentan planes urbanísticos faraónicos con el sólo material de los papeles que los sustentan y la esperanza de un lucrativo incremento de sus patrimonios a costa de los espacios de convivencia. Algunos municipios se prestan a sus planes y, lo que es peor, deciden convencer a sus representados, ofreciéndoles el proyecto como un maná creador de innumerables puestos de trabajo y beneficios sin fin. El municipio promete a sus vecinos que con el dinero recaudado se mejorarán los servicios. El dinero normalmente se gasta en la pompa y ostentación. La educación, sanidad y vivienda es tarea que se reclama de las autoridades autonómicas o estatales.
En las zonas de escasa pluviosidad, como Almería, las desaladoras, depuradoras y servicios de recogida de basuras o residuos recaerán sobre los entusiastas vecinos que no valoran, más allá de su inmediata vivencia, las consecuencias para ellos y para futuras generaciones.
Nos queda el derecho penal que sólo contempla leves penas para estos delincuentes ambientales y especuladores del suelo. Muy pocas veces algún promotor o un alcalde demasiado expeditivo llega a los tribunales. Puede ser que incluso se les imponga una pena de prisión y multa que pagarán complacidamente.
